REDACCIÓN

Para lograr que se ratifique el T-MEC en Estados Unidos serán necesarios los mecanismos de monitoreo y financiamiento mediante los cuales México, EU y Canadá implementen, de forma obligatoria, sus compromisos laborales establecidos en el acuerdo, dijo el legislador Napoléon Gómez Urrutia, también conocido como ‘Napo’.

Es necesario “el mecanismo de monitoreo y financiamiento para implementar esta obligatoriedad (laboral) porque al final, si queda a nivel de recomendaciones, pues obviamente van a haber muchas violaciones a estos derechos que no se van a cumplir y van a afectar en la vida diaria”, detalló Gómez Urrutia.

“Yo creo que esto es un tema central para incluir y que los miembros del partido demócrata lo aprueben, yo creo que tendremos que revisar a fondo esto”, agregó en el marco de la reunión sobre el proyecto de dictamen relativo al protocolo por el que se sustituye el TLCAN por el TMEC.

El legislador expresó que, a pesar de que en México ya se aprobó la reforma laboral, no se respetan muchos de los puntos, ya que hay una ausencia de los mecanismos adecuados para ejercerla, cuestión que los representantes americanos presenciaron de primera mano.

“A pesar de que ya se aprobó la reforma laboral en México, y por supuesto el convenio 98 ante la OIT que da la libertad sindical, libertad de asociación y libertad de contratación colectiva, no se está respetando porque no hay los mecanismos adecuados”, abundó al respecto.

“Y cuando los demócratas y los republicanos que vienen y escuchan esto, y lo ven en la práctica, pues entonces parece que estamos aprobando un esquema muy importante y una reforma, pero que todavía no existen los mecanismos para que se puedan implementar y cómo corregir estos vicios”, indicó Gómez.

Los legisladores demócratas, en específico Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EU, han expuesto demandas de obligatoriedad en materia laboral y medioambiental, esto en función de pasar a la votación el TMEC en la Cámara baja estadounidense.

En abril pasado se aprobó el dictamen de reforma laboral en México que crea las bases para implementar un nuevo sistema de justicia en la materia y fija reglas para el sindicalismo mexicano en cuanto a la forma de elegir a los dirigentes, y establece mecanismos para garantizar la representatividad de los trabajadores en las negociaciones colectivas.