La ruptura de gobernadores del PAN y el Insabi es la expresión más visible de la confrontación de dos proyectos de gobierno que marcará la oposición en el sexenio. La estrategia propone construir políticas alternativas a la 4T para mostrar la diferencia con miras a la sucesión presidencial de 2024. La contraposición podría acompañarse de un frente opositor en el Senado para frenar reformas de Morena, pero la oposición panista apuesta más que al antagonismo discursivo o partidista al careo de formas de gobernar y sus resultados para recuperar competitividad electoral. El voto de la salud, que no la salud del voto.
La estrategia es una prueba para el desgastado federalismo, que podría sufrir mayor erosión en la colaboración entre gobiernos cuando un servicio y un derecho como la salud se sube al “ring” electoral. Tras negociaciones con el gobierno, los mandatarios panistas rechazaron la adhesión al nuevo modelo, que sustituyó al seguro popular en enero de 2020, por diferencias sobre la cobertura, gratuidad del servicio y la compra consolidada de medicamentos que impulsa López Obrador sin suficiente claridad sobre su financiación. La negativa se produjo tras el rechazo del Presidente a una integración parcial como pretendían los estados, pero detrás de ella hay una confrontación de proyectos con los gobiernos locales. La política no es de todo o nada, reviran los panistas, que ahora tendrán que afrontar solos el desafío de la salud en las entidades.
Algunos de sus más destacados liderazgos recibieron el triunfo de López Obrador como una aplanadora que no podrían enfrentar con un partido dividido y sin rumbo, por lo que abandonaron la pugna por la dirigencia del PAN y el control del aparato para replegarse en sus principales bastiones electorales, en Guanajuato o Querétaro, y construir administraciones capaces de rivalizar con la Cuarta Transformación en los resultados de las políticas públicas. Consideran que una oposición debilitada por el voto contra el sistema de partidos tiene menos oportunidades de enfrentar al liderazgo y popularidad del Presidente, que combatirlo en el terreno de la eficacia gubernamental, donde creen que es más vulnerable, junto a sus proyectos como la gratuidad universal de la salud incosteable.
La operación política no pasa desapercibida en Palacio Nacional. El Presidente aceptó el desafío de que se pongan en marcha sistemas de salud locales. Sin las descalificaciones con que suele denostar a los “conservadores”, tomo el guante del reto para destacar las bondades de la competencia como parte de la democracia. “Será la ciudadanía la que califique cual funciona mejor”, subrayó, tras deslizar su desconfianza en un arreglo a “medias tintas” que abriera la puerta a boicots en la responsabilidad de cada gobierno, por ejemplo, en el abasto y distribución de medicamentos. La confusión y desorden en el abasto de medicinas se ha presentado como una crisis en el sistema de salud por las nuevas reglas de las compras consolidadas de medicamentos y errores en la operación de programas gubernamentales. Para evitar que siguiera afectando su imagen y resolver el problema, la federación dejó de comprar a distribuidoras nacionales, que le vendían el 70% de las compras.
Pero los primeros pasos hacia los “modelos” locales de salud han sido desafortunados por expresiones de exclusión como la del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, de mandar a la “chingada” a los pacientes de otros estados que acudan a la entidad. Por su parte, el de Querétaro, Francisco Domínguez, sostuvo que se sumará al Insabi hasta agosto de 2021, tras conocer el resultado de la elección intermedia.
Como se aprecia del desencuentro, la competencia electoral en el terreno de la salud es un mal augurio para la colaboración y coordinación entre poderes en un país que, ya de por sí, tiene enormes brechas regionales y socio-geográficas. El voto de la salud agudizará los males que enferman al federalismo, pero, sobre todo, olvida que es un derecho y no una cantera para conseguir votos.
