Los partidarios de los extremos comparten el ánimo hacia la radicalización y la intransigencia respecto a ideas diferentes. Son acepciones unívocas en la definición de radical, que también significa viaje a la raíz. En el equipo cercano del presidente López Obrador avanzan las posiciones que empujan la polarización en esa dirección como una buena salida ante la emergencia sanitaria y económica, sobre otras voces que buscan espacios de conciliación y acuerdos. Pero esa zona se reduce a medida que la crisis nubla el futuro de proyectos estratégicos de la 4T. La primera consecuencia grave de profundizar los extremos es que el radicalismo borra la pluralidad en el debate público e inhibe la libertad de expresión se fundamenta en una sola visión y hasta con sus propios datos, como cada vez es más evidente en la estadística de la pandemia. En la polarización, como en las guerras, la primera baja es la verdad y el cotejo con la realidad. Lo único que cuenta es ganar. En la perspectiva de los radicales, cuando la situación se complica es también el momento de no consentir con lo que creen justo o verdadero, a fin de acabar con la diferencia, así sea optar por gobernar a través de órdenes ejecutivas o acuerdos presidenciales. La consigna de aduladores, todo el poder presidencial para salvar el proyecto, como música para los oídos de López Obrador.
Es el caso del reciente acuerdo del Ejecutivo sobre el mercado eléctrico, el cual cambia sobre la marcha las reglas de juego a las empresas de energías “limpias” para la generación y transmisión de electricidad. La decisión de poner nuevas instrucciones sobre el papel y convertirlas en documentos oficiales en la regulación eléctrica o antes con el decreto que habilita a los militares para la seguridad pública se han hecho más frecuentes en la pandemia. Su recurrencia subraya el poder conferido al Presidente, aunque, en otros lados, la emisión de estas órdenes obedece a tiempos de guerra o a evitar crisis internas. En nuestro caso, no se ha justificado ni motivado por ninguna de ellas. Al contrario, el instrumento de gobierno profundiza las inercias de la estrategia de seguridad y, en el mercado eléctrico, agudiza la confrontación con la IP. Pero el oído presidencial parece cada vez más dispuesto a seguir este consejo de lo que estuvo hace un año en la aprobación de la ley de Guardia Nacional o para destrabar el conflicto de los gasoductos con EU y antes con el aeropuerto, como le recomendaran Urzúa, Ebrard o Monreal.
No obstante, López Obrador descarta que dicho acuerdo sea un proceso de nacionalización del sector eléctrico, como si quisiera disipar temores por su declaración de que la crisis sirve como “anillo al dedo” a su transformación. Aunque las acciones afectan las condiciones de competencia y pretenden reforzar a la CFE, se ofrecen como un “reordenamiento” para garantizar el suministro y el precio. Pero los problemas técnicos en la transmisión y conectividad que, en efecto, genera el cambio en la demanda de electricidad por el confinamiento, se pierden en la retórica oficial de acabar con “contratos leoninos” y corrupción. La emergencia económica ha puesto en estado catatónico proyectos estratégicos de la 4T, como el rescate a Pemex y a la CFE, en un momento en que la desglobalización abre paso en el mundo al nacionalismo económico. Ésta es la raíz del pensamiento económico de López Obrador y el referente que opone al neoliberalismo. Los tiempos favorecen a los que le aconsejan aprovechar la crisis con golpes de timón, como en el mercado energético, incluso si suponen acrecentar la desconfianza del capital, la contraofensiva de empresarios en tribunales o el reclamo de gobiernos como Canadá y la UE en defensa de sus inversionistas. Posturas que han defendido, por ejemplo, Bartlett y Nahle.
No obstante, la Cenace ha tenido que descongelar 23 proyectos por amparos de la IP. Pero, más allá de ello, nunca como en la pandemia el gobierno ha guardado más insana distancia con ellos por su plan de rescate económico o ahora el litigio eléctrico. Una expresión del avance de los duros de su equipo, que incluso podrían querer salvar a las empresas públicas de energía con contratación de deuda del Estado ante la falta de liquidez y sequía de capitales. Así su confianza en los tiempos que corren para decisiones radicales.
