Georgina Ballesteros
A través de un documento oficial, enviado al Congreso del estado el pasado 17 de abril, los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (IAIPTlaxcala) Francisco Morones Servín y David Cabrera Canales, solicitaron al Congreso del estado dictamine el expediente parlamentario y se investiguen las irregularidades cometidas por la Comisionada Presidenta, Marlene Alonso Meneses.
Ambos Comisionados, por medio de este escrito, exponen a los legisladores la situación que prevalece al interior del organismo garante de la transparencia en el estado y acusan a Alonso Meneses, entre otras cosas, de abuso de poder, incumplimiento de las obligaciones, despidos injustificados, nepotismo y manejo discrecional en el ejercicio del recurso público.
Al hacer un recuento de las situaciones que se viven en el organismo desde el mes de octubre del año pasado, destacan el acto que llevó al relevo en la presidencia, la reinstalación de la funcionaria, y su actuar al interior de la Comisión.
Los dos comisionados aseguran “si no se han llevado a cabo las sesiones se debe a que la Presidenta no ha dado continuidad a los trabajos”.
En el documento, integrado por 16 páginas, Morones Servín y Cabrera Canales, manifiestan su “preocupación, ante el exceso en el desempeño de las funciones de la Comisionada Marlene Alonso Meneses, al frente de la presidencia de este Instituto, decisiones que han afectado el buen funcionamiento del Órgano garante”.
Y agregan “resulta urgente la intervención del Congreso del Estado, así como la emisión del dictamen correspondiente, con la finalidad de solucionar lo anteriormente planteado, además de que dicho Congreso del Estado de Tlaxcala realice la investigación a fondo para deslindar responsabilidades entre quienes integramos el Consejo General, con la finalidad de detectar las múltiples faltas y fallas cometidas por la Comisionada Marlene Alonso Meneses y en las que sigue incurriendo, arbitrariedades que obstaculizan las actividades del Instituto y la vulneración a los derechos humanos y laborales del personal de este Instituto, además de obstaculizar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala”.
Advierten además: “estas acciones han provocado afectaciones graves a los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales de la sociedad en general, los cuales estamos obligados a garantizar”, de ahí el llamado urgente para dar una resolución por parte del Congreso.