Georgina Ballesteros
Luego de que Marlene Alonso Meneses, en la puesta en marcha de la Semana de Transparencia, reconociera que el estado se encuentra en el lugar número dos a nivel nacional en materia de opacidad, de acuerdo al estudio denominado Coeficiente TAI 2017, la Cámara de Diputados anunció el inicio de juicio político en contra de la presidenta del Instituto de Acceso a la Información de Tlaxcala.
Sin embargo, Alonso Meneses poco ha hecho o hace para revertir este segundo puesto, pues hasta donde se sabe, aún no hace que se publiquen los lineamientos para realizar la verificación de las obligaciones de Transparencia de los 145 Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.
Además, denunciantes presentaron ante el Congreso una solicitud de juicio político contra Marlene Alonso por retrasar indebidamente el derecho humano de Acceso a la Información Pública.
Como fue publicado oportunamente, en la denuncia señalan a la responsable de la Transparencia de Tlaxcala, Alonso Meneses, de haber retrasado por más de seis meses la resolución de los recursos que se interpusieron ante el Órgano Garante de la Transparencia.
Además, de forma inexplicable atrajo ocho recursos de revisión de la misma persona y del mismo sujeto obligado -Universidad Politécnica de Tlaxcala- a la ponencia de la que es titular, lo que no sólo permite ver una posible violación al derecho humano de acceso a la información que toda persona debe tener garantizado constitucionalmente, sino que además se presume que los hechos presentados por la denunciante podrían tratarse de actos de corrupción al interior del IAIP Tlaxcala.
Cabe recordar que a esta situación se suman las acusaciones de los integrantes del Consejo Consultivo del IAIP Tlaxcala, quienes señalan a los integrantes del Consejo General de ese Instituto de ser opacos, ya que desde el pasado 18 de septiembre de este año, por escrito, solicitaron información pública al Consejo General, y hasta esta fecha no ha sido entregada.
