Georgina Ballesteros
Luego de conocerse, el año pasado, supuestas irregularidades financieras en diversos entes públicos, así como en gobiernos de los estados, a través de la llamada “Estafa Maestra”, investigación periodística del portal Animal Político, que involucraba a instituciones académicas, surge ahora una nota periodística involucrando a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la cual, de rebote, podría implicar a la titular del Iaiptlax, quien al parecer frenó información pública solicitada por unos ciudadanos.
“La Estafa Maestra”, como se recordará, documentada con datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y un trabajo periodístico de Animal Político, evidenció posibles fraudes en las cuentas públicas 2013 y 2014 de diferentes dependencias de gobierno involucradas en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, así como “la entrega de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales a favor de 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios”.
Ante esto, según lo publicado recientemente por MVS, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), ordenó una serie de cambios al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, en donde se estaría incluyendo a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, junto con otras 86 auditorías más, el ajustes a otras 12 auditorías y la eliminación de 17 ejercicios de fiscalización.
De acuerdo a esa documentación la ASF añadió dos auditorías de tipo Forense, a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por los programas de Apoyos a Pequeños Productores-Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café; y el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
Y precisamente una de estas auditorías de tipo Forense, aplicaría a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, esto por la firma de Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.
La investigación de la cual surgió el trabajo periodístico, hablaba de un sistema de 128 empresas fantasma, las cuales habrían servido al Gobierno Federal para desviar más de 400 millones de dólares, con base en informes de la Auditoría Superior de la Federación, quien habría sospechado y documentado el desvío de recursos mediante universidades públicas.
Ante esto, diversos medios de comunicación de circulación nacional, publicaron de 2013 a 2015 distintas notas a través de las cuales documentaron el presuntos desfalco en universidades, mediante la revisión de cuentas públicas de las mismas.
Curiosamente, mucha de esta información se obtuvo a través de 517 solicitudes de transparencia a instancias federales y estatales.
Sin embargo, aquí en Tlaxcala, fue el Instituto de Acceso a la Información Público (IaipTlax), organismo público de la transparencia en el estado, el encargado -al parecer- de frenar la investigación pretendida hacer por un par de ciudadanos, quienes se acercaron al organismo garante para solicitar datos sobre algunos contratos hecho por la Universidad Politécnica y su director Narciso Xicohténcatl, pero nunca obtuvieron respuesta.
Ante esto, los ciudadanos peticionarios de alrededor de 50 solicitudes de información, de las cuales nunca tuvieron respuesta, insistieron en la información a través de sendos Recursos de Revisión, pero sin suerte alguna.
Por lo cual, en días pasados, la ciudadana Lilia Vázquez Juárez pidió al Congreso local se iniciará un Juicio Político en contra de Marlene Alonso Meneses, la Presidenta del IAIP Tlaxcala , por precisamente negar su derecho a la información y encubrir a presuntamente cubrir al rector de la UPTlax, Narciso Xicohtencatl Rojas.
Lo anterior al considerar, eran varios los recursos de información presentados y manipulados por quien supuestamente es la defensora de la transparencia en la entidad, esto por las conductas y omisiones en las que incurrió y pudieran redundar “en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de las funciones públicas que dicha denunciada tiene a su cargo”, detalla la solicitud de juicio político, la cual podría involucrar a la UPT en la investigación de la estafa maestra.
Sobre todo cuando existe la sospecha de encubrimiento hacia la persona de Narciso Xicohténcatl Rojas, quien estuvo inmerso en el delito de fraude en el que incurrió contra la empresa ELVAN, proceso que lo mandó a la Cárcel y tuvo que pagar 3 millones de pesos para obtener su libertad condicional.
