Aldo Romero.
Desde su llegada al estado de Tlaxcala en 1982, la planta embotelladora de FEMSA Coca-Cola se ha apropiado de dos mantos acuíferos ubicados en la Comunidad de San Luis Apizaquito, lo que ha derivado en opiniones negativas hacia la refresquera por parte de la población del municipio, así como de diversas organizaciones civiles en pro del cuidado del medio ambiente.
Las plantas embotelladoras de Coca-Cola han generado el temor dentro de la ciudadanía, ya que se han hecho de mala fama al consumir en grandes cantidades y dejar escaso el vital líquido en comunidades de varios estados del país.
Uno de los casos más sonados de extracción de agua directamente de mantos acuíferos, de los cuales, comunidades enteras dependen para consumo y actividades agropecuarias, fue el de San Felipe Ecatepec, que se localiza a unos 4 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. La planta embotelladora ubicada en esa comunidad continúa dejando los pozos secos, obligando a los residentes a comprar agua embotellada.
La escasez de agua potable que ha dejado la planta embotelladora en Felipe Ecatepec Chiapas, ha provocado que campesinos que mantenían una actividad económica a través de la producción y comercialización de sus cultivos, se vean forzados a buscar otras fuentes de ingresos, ya que no es posible completar sus cosechas a falta de agua.
Ante estos hechos registrados, en Tlaxcala se han comenzado a generar acciones desde la parte legislativa, así como de la movilización de asociaciones civiles.
A principios de noviembre, dirigentes de la Organización Estatal Popular (OEP), declararon comenzarán a gestar procedimientos y movilizaciones para obligar a la empresa refresquera a que demuestre legalmente, los permisos que le permiten consumir en grandes cantidades el vital líquido.
Víctor Morales Acoltzi, miembro de la OEP, expuso que, de acuerdo a datos oficiales registrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el consumo de la planta embotelladora es de 2 mil 581 millones 632 mil litros por segundo, un tercio del consumo que los 100 mil habitantes que tiene el municipio de Apizaco, utiliza: “el consumo es voraz, rapaz e irreparable”, argumentó.
Por otra parte, la OEP, hizo el llamado a la compañía refresquera, para reparar los daños que ha generado a lo largo de los años, a través de la creación de un centro ecoturístico en la laguna de Apizaquito, y de la creación de un fondo de apoyo a las personas que padecen insuficiencia renal: “no vamos a parar hasta que Coca-Cola pueda aportar un pelo de todas las ganancias millonarias que tiene” enfatizó.
Ante la inexistente regulación del consumo de agua directamente extraída de mantos acuíferos por parte de empresas transnacionales, y para dar un freno al deterioro ecológico que amenaza a la comunidad de Apizaquito; el diputado perredista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presentó la iniciativa de ley,“Ley Coca-Cola”. Dicha ley, tendrá como objetivo que se impulse dentro de la connotación de ley de ingresos del municipio de Apizaco, la creación de un apartado especial dirigido a las empresas transnacionales que utilicen recursos naturales para la fabricación de sus productos; paguen una cuota mensual de 1 millón de pesos al municipio.
Por su parte, el alcalde de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía, vio con buenos ojos la iniciativa de ley, propuesta por Covarrubias Cervantes, ya que asegura, la empresa solo ha apoyado al municipio con la aportación de 200 bebidas “Powerade” en los eventos deportivos de la feria. “si la empresa nos ayudara en algo lo tendríamos que decir, solo paga su predial y ya no paga agua. Hay que preguntarle a Conagua cuánto le cobra a Coca-Cola, al municipio no le paga nada”, apuntó.
