REDACCIÓN

La Guardia Nacional podrá actuar en delitos del fuero común como los asaltos a casa-habitación y los secuestros, reveló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en entrevista para La Silla Roja.

“Nosotros estamos planteando que la Guardia Nacional pueda actuar en delitos del fuero común, por supuesto (también en) los del delito federal, pero también (en) los del fuero común, en coordinación con las policías estatales y municipales”, detalló en la entrevista con Enrique Quintana, Eduardo Guerrero, Raymundo Riva Palacio y Ana María Salazar.

“La mayor incidencia delictiva está en los delitos del fuero común y son esos los que más afectan a la población: asaltos a casas-habitación, extorsión, secuestro”, señaló.

Abundó que no va a tener funciones de seguridad nacional, como los operativos contra narcotraficantes, y que estas seguirán siendo del Ejército y la Marina.

“La Guardia Nacional no está pensada para tener atribuciones de seguridad nacional, esas funciones las seguirán teniendo el Ejército y la Marina”.

Agregó que mientras salen la ley secundaria y los reglamentos, donde se detallarán más sus obligaciones, la Guardia Nacional tendrá la función fundamental de atender las funciones que hoy tiene la Policía Federal, que son aquellas vinculadas con la seguridad pública.

“La Guardia Nacional tendrá la función de garantizar la vida, la libertad, los bienes de las personas, en otras palabras, la seguridad pública; esa va a ser la responsabilidad fundamental”, argumentó.

El Senado de la República aprobó el jueves pasado, por unanimidad, con 127 votos a favor, el dictamen que autoriza la configuración de la Guardia Nacional, con lo que el proyecto regresa a la Cámara de Diputados.

Esto, luego de que previamente, los coordinadores parlamentarios del Senado anunciaron un acuerdo para modificar la minuta aprobada en enero por la Cámara de Diputados que permitirá la constitución de la este cuerpo de seguridad.

Entre las principales modificaciones están que la Guardia Nacional tenga un mando civil, que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles en cinco años y que se rija por una doctrina policial.