Carlos Prieto Ruiz visita, desde hace un año, el Centro Comunitario de la Fundación Unidos por un México Vivo, donde tiene acceso a la Profilaxis Preexposición (PrEP), pastilla que le permite tener relaciones sexuales con personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sin el riesgo de contagiarse.
“El PrEP es muy positivo, porque uno nunca sabe con quién tiene contacto sexual. Con estas pastillas cuido mi salud y la de la persona con la que estoy, ya sea mi pareja o algo casual”, relata Carlos, que reconoce que cada seis meses se realiza estudios preventivos en el centro comunitario.
Unidos por un México vivo es una de las cuatro asociaciones civiles que, junto con las Clínicas Condesa de la capital, están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir el PrEP. Rodrigo Moheno, director de Unidos por un México Vivo, explicó que el funcionamiento del centro comunitario está comprometido porque, hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Salud (Ssa) no les ha notificado si seguirá dando subsidios para que laboren.
“El centro funciona gracias a los recursos que nos entrega la secretaría a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida). Las actividades de ahí dependen de los subsidios gubernamentales; si los retiran, tendríamos que disminuir 50% la capacidad de atención”, dijo Rodrigo Moheno.
Detalló que durante el 2018 su Fundación dio 2 mil 831 consultas; realizó mil 858 pruebas de VIH y sífilis; otorgó 186 consultas de consejería y psicología, y la atención de 258 usuarios a quienes se les ofreció el PrEP.
El caso de las asociaciones civiles que atienden y previenen el VIH se suma a la lista de ONG que, por mandato de Andrés Manuel López Obrador, podrían quedarse sin recursos.
Respecto al tema, Rodrigo Moheno consideró que retirar los recursos a las asociaciones civiles sería un error: “Cuando una persona tiene dudas respecto a si posee la enfermedad, lo más común es que se acerque a organizaciones sociales. Aquí nosotros hacemos estudios, y si alguien es seropositivo, lo canalizamos a una institución de salud, pero el primer contacto lo tenemos nosotros. Entonces, si las ONG cierran, ya no habrá espacios para prevenir la enfermedad”.
Jorge Mauricio Bernal, coordinador del Centro Comunitario de Unidos por un México Vivo, compartió que “sin el financiamiento del Censida, la mayoría de nuestros servicios no existirían, porque, al ser gratuitos, el personal cubre sus honorarios con los subsidios del gobierno. Lo primero que sucedería si nos quitan los recursos sería perder a los especialistas y después toda la estructura”.
VIH: epidemia difícil de superar
Datos del Censida revelan no sólo que el VIH no ha podido ser erradicado en México, sino que el número de casos va a la alza: 2018 concluyó con un registro de 9 mil 791 casos nuevos. Las entidades donde más se concentraron estos diagnósticos fueron Veracruz, con mil 328 casos; Estado de México, con mil 172; la Ciudad de México, con 945; Quintana Roo, con 596; Puebla, con 470, y Chiapas, con 412.
De igual forma, las entidades donde se registraron más casos nuevos de sida —la fase más crítica del VIH— fueron el Estado de México, con 564; la Ciudad de México, con 471; Veracruz, con 455; Guerrero, con 360; Quintana Roo, con 304; Baja California, con 303, y Puebla, con 302.
Asimismo, los datos del Censida revelan que los casos de VIH han aumentado en nuestro país desde 2013, cuando se detectó el virus en 4 mil 891 personas y aumentó hasta sobrepasar las 9 mil el año posterior.
Por este motivo, Luis Manuel Arellano Delgado, subdirector de Integración Comunitaria de la Clínica Especializada Condesa, institución dedicada a la prevención del VIH, consideró esencial que no se retiren los subsidios: “En la historia del VIH, la participación de las organizaciones sociales ha sido fundamental. Además, si se quitan los recursos, el virus podría seguir esparciéndose, pues las ONG se especializan en la prevención”.
