Redacción

La Diputada Luz Vera Díaz presentó una iniciativa para crear la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de garantizarles a los miembros de esas corporaciones, el derecho a la salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de pensiones.

La propuesta presentada este martes en la sesión ordinaria del Congreso local, pretende determinar el cuerpo básico de garantías, derechos y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección y seguridad social para los integrantes de instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público.

La Legisladora justificó que ese ordenamiento permitirá a los elementos de las instituciones antes mencionadas, hacer frente a los altos riesgos derivados de la función de seguridad que tienen encomendada, todo ello en el marco de una política coherente, integral y eficaz de reconocimiento a su derecho de protección de la salud y seguridad social.

“Resulta indispensable que los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipales, del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentren protegidos al contar con una normatividad que les otorgue y garantice los beneficios de la seguridad social, así como también que éstos les sean extensivos a sus familiares, y no se encuentren con la incesante intriga de qué les deparará a sus dependientes si alguna desgracia ocurriera, tal y como por desgracia ha venido aconteciendo”, manifestó la Diputada

La iniciativa que se encuentra conformada por cuatro capítulos, reconoce la importancia del capital humano y da certeza a través del otorgamiento de la seguridad social, tanto principal como accesoria, lo que traerá consigo, afirmó la Diputada local, fuertes cambios positivos dentro de las Instituciones mencionadas

De la misma manera mencionó que la propuesta está directamente vinculada con las bases de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública y un nuevo sistema de justicia penal, lo que ha generado la necesidad de realizar diversas adecuaciones y modificaciones en las instituciones que se encargan de la seguridad pública y la procuración de justicia.