Registros para partidos no se regalarán, advierte INE

Redacción

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, insistió en que el organismo no regalará registros como partidos políticos nacionales a ninguna de las organizaciones que solicitaron uno, y que desahogará todas las revisiones de ley.

Por eso, explicó, se amplió el plazo para la revisión del cumplimiento de los requisitos.

Los resultados se decidirán antes del 1 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral federal de 2021, detalló Córdova Vianello en un video difundido en redes sociales.

“Ninguna [organización] tiene asegurado su registro [como nuevo partido político].

“El INE no se lo regalará a ninguna de las organizaciones que aún lo están buscando. Hay tres procedimientos pendientes que no pueden obviarse, por lo que se aprobó una ampliación del plazo para realizarlas: la verificación de validez de todas las afiliaciones, revisión de la legalidad de los actos de los solicitantes, [así como] la fiscalización de ingresos y gastos.

“[El instituto] no dará validez a afiliaciones indebidas o duplicadas, apoyos ilegales de entes prohibidos, como sindicatos, iglesias, partidos o gobiernos, ni va a permitir violaciones a las reglas de financiamiento”, advirtió.

Durante su mensaje, Córdova Vianello reiteró que la semana pasada el INE acordó que no se emitirá una resolución antes del 1 de julio —como está previsto en la ley—, sino que será hasta fines de agosto para que entre en vigor el 1 de septiembre, pues por la emergencia sanitaria del Covid-19 se suspendieron algunos procedimientos desde el 27 de marzo.

Eso impidió concluir la revisión de solicitudes y documentación, pero ya se reiniciaron tareas, dijo.

Hace un año, comentó el consejero presidente, 89 organizaciones iniciaron el proceso y siete cumplieron preliminarmente los requisitos, ya que realizaron más de 20 asambleas estatales o 200 distritales, presentaron 234 mil afiliaciones y documentos básicos aprobados en asamblea nacional, además de que por orden judicial otro organismo está en proceso de realización de asambleas.

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